El objetivo final de la propuesta es abaratar la energía generada a consumidores y empresas, mediante la “implicación directa de las administraciones”, con la que esperan conseguir “una gestión transparente de los saltos” que además revierta en los territorios afectados por los pantanos, según el comunicado.

La asociación está presidida por Xavier de Pedro, expresidente de la Confederación Hidrográfica (CHE), quien ha estado acompañado en la presentación de esta iniciativa, en el Congreso de los Diputados por el presidente de la Diputación de Teruel y vocal de esta asociación, Ramón Millán, junto a Marina Sevilla, tesorera.

La asociación pretende que esta iniciativa consiga las 500.000 firmas necesarias para que se tramite y se apruebe como ley en las Cortes Generales.

Aunque es una iniciativa impulsada desde Aragón, buscan sumar apoyos en el resto de Comunidades, continúa la nota.

En concreto, la iniciativa pretende modificar varios artículos del vigente texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

También introduce cambios en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

La iniciativa defiende que las administraciones más cercanas a la ciudadanía gestionen los saltos hidroeléctricos de forma trasparente, en colaboración con empresas privadas de mantenimiento y comercialización de energía.

Según la asociación, actualmente la tramitación de los expedientes para revertir los saltos a las administraciones se retrasan años y se caducan, lo que genera ganancias millonarias a las eléctricas en perjuicio de todos los ciudadanos.

Para evitarlo, la asociación reclama con esta iniciativa que los expedientes de reversión se tramiten con tres años de antelación y no caduquen.

Además, piden garantizar los caudales ecológicos en los ríos y obliga a las empresas hidroeléctricas a restaurar las zonas afectadas por los saltos, y que sean sancionadas aquellas que abandonen instalaciones hidroeléctricas en los cauces.

La ILP recoge también que los beneficios de los saltos hidroeléctricos financien las obras hidráulicas de interés general para abastecer poblaciones y riegos.

Y recoge que el Gobierno reclame a las eléctricas la energía reservada al Estado a bajo coste, y aplicarla a la gestión de los servicios públicos del agua y a combatir la despoblación.

Fuente: elperiodicodelaenergia.com